sonrisa y brisas

Manifiesto contra la resolución que condena a los padres de un menor golpeado y a la Coordinadora de Barrios por denunciar los hechos

El 7 Julio del 2001 un chaval marroquí menor de edad fue golpeado en el interior de su celda en el Centro de Menores Renasco. Por este motivo se interpuso denuncia ante la Fiscalía de Menores quien se querelló contra dos educadores del centro y tres vigilantes de seguridad por un delito de torturas y malos tratos respectivamente.

En apoyo del menor y de esta querella, la familia y la Coordinadota de Barrios se personaron como acusación particular y popular a fin de procurar que se investigaran los hechos y se enjuiciara a los responsables de los mismos.

Tras una larga investigación, el 4 de noviembre de 2004 se celebró en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra los dos educadores y los tres vigilantes de seguridad imputados, así como contra el IMMF y la empresa de seguridad SERYCUR por los daños sufridos por el menor.

En diciembre se dicta sentencia en la que se reconoce textualmente que: “Pero también resulta evidente que uno de los cinco acusados se excedió en su labor y realizó actos que no entran dentro del concepto de reducción, sino en el de agresión, como es el de propinar un golpe en el ojo del denunciante, cual es el de pegar un golpe en el ojo del denunciante”. No obstante de reconocer la existencia de la agresión, la Sala absolvió a los cinco acusados:

“porque los problemas surgen, obvio es decirlo cuando se intenta esclarecer o decidir cual de los cinco acusados propinó tal golpe”

Ante esta sentencia que consagraba la impunidad del autor o autores de la agresión sufrida por el menor, tanto la familia como la Coordinadora de Barrios, acordamos recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, en el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho a la doble instancia penal, como parte del derecho a la tutela judicial efectiva. Los padres del menor, que habían sido representados y defendidos por letrados de la Coordinadora de Barrios, solicitaron el beneficio de justicia gratuita para este trámite.

El Tribunal Supremo inadmitió el recurso sin llegar a pronunciarse sobre el fondo del mismo, pero condenó a la Coordinadora de Barrios y a la familia al pago de las costas.

Frente a la pretensión de los acusados de ser indemnizados con 16.000 €, el Tribunal Supremo condenó finalmente a la familia y la Coordinadora al pago de 10104 Euros.

Desde la Coordinadora de Barrios entendemos que esta condena, aunque amparada por la legislación vigente, constituye una auténtica injusticia que consagra la impunidad de los delitos cometidos contra personas privadas de libertad y además convierte en doble víctimas a los perjudicados: por la impunidad de los autores y por la criminalización de los denunciantes.

A pesar de la evidente contradicción de un sistema legal que aplicando las leyes se aleja de la justicia, desde la Coordinadora de Barrios creemos en la importancia de denunciar a los autores de los malos tratos y torturas, así como cualquier violación de los derechos humanos y la necesidad de visibilizar la realidad de las prisiones y centros de reforma.

Por este motivo hemos decidido, junto con los ciudadanos solidarios y co-responsables, asumir las consecuencias de nuestras denuncias en la firme convicción de que esto nos posibilitara seguir acompañando a los menores, seguir denunciando y visibilizando cualquier acto que lesione los derechos humanos.

# posted by transierra : 10:34